En el estado mexicano de Guerrero, una campaña de contraloría social colaborativa, impulsada por una red de autoridades agrarias locales, contribuyó a mejorar la operatividad para ampliar la cobertura de un programa gubernamental de fertilizantes gratuitos dirigido a productores campesinos.

En 2019, el recién electo gobierno federal se hizo cargo del programa de fertilizante subsidiado que operaba el gobierno de Guerrero, y que era sinónimo de clientelismo y corrupción. El nuevo presidente prometió limpiarlo e incluir, además, fertilizantes orgánicos. Debido a que en el primer año de administración federalizada del Programa las deficiencias históricas persistieron, los agricultores reaccionaron con protestas generalizadas. Para transformar esta situación de caos y mejorar el programa, en 2020, activistas y autoridades agrarias comunitarias de todo el estado impulsaron una campaña de vigilancia e incidencia a través de la recién creada Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero.

La campaña impulsó la validación de las listas de beneficiarios en asambleas comunitarias, realizadas en el marco de la Ley Agraria federal; usó también el sistema oficial de solicitudes de información pública; y contribuyó a que la distribución de fertilizantes fuera más eficaz, que se redujera el desvío del insumo para fines facciosos o electorales y que el programa se ampliara a más mujeres e indígenas.

Sin embargo, los responsables gubernamentales del Programa de Fertilizantes rechazaron las propuestas de los comisariados en materia de transparencia, participación campesina, rendición de cuentas y transición agroecológica. Frente a este obstáculo, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales extendió su campaña a otros programas agrícolas federales (Sembrando Vida, Precios de Garantía, y Producción para el Bienestar); y animó a líderes agrarios en otros estados del país a organizar sus propias convergencias estatales.

Hacia finales del 2021, la Coordinadora de Comisariados convocó a la segunda Convención Campesina de Guerrero, a la que también acudieron representantes de otros estados del país. Secundando la experiencia guerrerense se realizaron encuentros regionales y convenciones estatales en la mitad de los estados del país. Y el 10 de abril del 2023, justo en el 104avo aniversario del asesinato del agrarista Emiliano Zapata, cinco mil líderes agrarios se reunieron en la Ciudad de México para celebrar la Primera Convención Nacional Agrarista.

Entre las reflexiones de esta experiencia de monitoreo e incidencia campesina, se destacan las siguientes:

• La campaña de contraloría campesina en Guerrero, al centrar sus acciones en las necesidades sentidas de los agricultores, liberó una energía social que generó un nuevo paradigma organizacional en el campo mexicano.
• La movilización social regeneró la vida cívica de ejidos y comunidades agrarias en Guerrero—instituciones locales de gobernanza territorial surgidas de la Revolución Mexicana de 1910–1917, proporcionándole escala y legitimidad.
• Aunque la campaña se impulsó esencialmente a ras de tierra (en los núcleos agrarios), también se cristalizó en reuniones regionales y estatales. La contraloría campesina se sirvió de herramientas técnicas para acceder a información pública referida al programa.
• La campaña combinó la contraloría al programa de fertilizantes con la movilización social, resolviendo problemas locales y escalando la incidencia campesina al ámbito nacional.

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