Después del acuerdo: Implementando remediación por el desplazamiento en el norte de Haití
Date: September 2024
Author(s): Scott Freeman, Lani Inverarity, Megan Pearson
Publication type: ARC Accountability Note
Published by: Accountability Research Center and Accountability Counsel
En enero de 2011, más de 400 familias en el noreste de Haití fueron desalojadas de sus tierras agrícolas para dar paso al Parque Industrial Caracol (PIC), una gran instalación textil industrial financiada principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de los Estados Unidos.
Este Accountability Note (informe de rendición de cuentas) relata el notable camino de las familias haitianas en su búsqueda de una solución para su desplazamiento. Contra todo pronóstico, se organizaron, buscaron apoyo internacional para su caso y, utilizando el mecanismo independiente de rendición de cuentas (o IAM, del inglés independent accountability mechanism) del BID, finalmente negociaron un acuerdo con el BID y el Gobierno haitiano para restaurar sus medios de vida. Sin embargo, su lucha no terminó allí. Gran parte de la lucha por la remediación se produjo después de la firma del acuerdo, una realidad que a menudo pasa desapercibida por los defensores de la rendición de cuentas. El apoyo de los defensores locales e internacionales fue fundamental para lograr incluso una implementación parcial del acuerdo. Desde el principio, las posibilidades de éxito de las familias haitianas eran escasas: pocos mecanismos independientes de rendición de cuentas (IAM) tienen la capacidad o el mandato de facilitar cualquier recurso. Además, el caso Caracol representa un caso extremadamente raro en el que una comunidad desplazada ha utilizado con éxito un IAM para negociar tierras de reemplazo. Sin embargo, para muchas familias, los retrasos en la remediación se prolongaron durante años, lo que aumentó el sufrimiento y exacerbó las pérdidas económicas y sociales que conlleva la pérdida de tierras. El seguimiento y la incidencia política han sido necesarios durante los seis años posteriores a la firma del acuerdo. Debido a eso, muchas de las familias finalmente recibieron compensación, incluidas tierras en algunos casos.
Aunque llegar a un acuerdo para remediar el daño es a menudo el objetivo de un proceso en un mecanismo de rendición de cuentas, esta publicación destaca la lucha que ocurre después de la firma de un acuerdo. Asegurar que la remediación prometida realmente se cumpla requiere una incidencia y vigilancia continua. Este documento ofrece lecciones clave para las comunidades y los defensores que buscan obtener una solución a través de la resolución de disputas en los IAM:
Lección 1: La firma de un acuerdo de remediación no marca el final del proceso, sino el inicio de otra lucha.
Lección 2: El monitoreo y la incidencia continuos son fundamentales para la implementación de los acuerdos de
remediación.
Lección 3: Los acuerdos de remediación deben prever posibles desafíos para su implementación.
Aunque Haití presenta un entorno político y económico desafiante para implementar un acuerdo de remediación, las lecciones de este caso no son exclusivas de este país. A medida que los bancos de desarrollo operan cada vez más en contextos de fragilidad y crisis, es probable que surjan obstáculos similares para la remediación en otras regiones.
Scott Freeman es profesor asistente en la School of International Service de la American University. Es antropólogo y realiza trabajo de campo etnográfico sobre la ayuda, el medio ambiente y el contexto laboral en zonas rurales de Haití. Sus escritos suelen centrarse en los problemas sociales y económicos que genera la burocracia de ayuda en las áreas de implementación. Tiene un doctorado en antropología aplicada por la Universidad de Columbia.
Lani Inverarity es la directora de Programas y Estrategia de Accountability Counsel (AC). Antes de ocupar este cargo, Lani pasó más de cinco años brindando apoyo directo a cientos de agricultores en Haití que fueron desplazados por la construcción del Parque Industrial Caracol. También ha trabajado apoyando a comunidades en Colombia, Kenia, Mongolia y Ucrania. Lani recibió una maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale y está admitida como abogada y procuradora del Tribunal Superior de Nueva Zelanda.
Megan Pearson es subdirectora de Políticas en Accountability Counsel (AC), una organización sin fines de lucro que apoya a comunidades de todo el mundo en la defensa de sus derechos humanos y el medio ambiente a través de mecanismos de rendición de cuentas en instituciones financieras de desarrollo. Su trabajo se centra en fortalecer las
políticas de las instituciones financieras respecto a la remediación de los impactos ambientales y sociales negativos asociados con sus inversiones. Antes de unirse a AC, trabajó en el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití. Recibió su título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Yale y pertenece al Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.