Las “estrategias sándwich” son procesos interactivos en los cuales los reformadores en el gobierno toman medidas concretas que reducen los riesgos de la acción ciudadana desde abajo, impulsando círculos virtuosos de empoderamiento mutuo entre los actores que impulsan procesos de rendición de cuentas desde el estado y desde la sociedad. Este estudio de caso es uno de 18 publicados aquí, que se encuentran entre los incluidos en análisis comparativos que se preguntan si las iniciativas de estrategias sándwich impulsan el cambio institucional y cómo lo hacen.

Este estudio de caso analiza una iniciativa diseñada para promover la rendición de cuentas en el sistema de salud en la región sur Andina de Puno, Perú. La iniciativa, financiada por UK Aid, operó entre 2008 y 2014. Fue producto de una alianza entre la oficina subnacional de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Derechos Humanos de Perú, con una coalición de actores de la sociedad civil, incluido un grupo de mujeres indígenas voluntarias, con el fin de monitorear la calidad de la prestación de servicios de salud en comunidades andinas remotas.

Aunque los abogados de la Defensoría del Pueblo carecían de capacidad y autoridad directa sobre el sistema de salud, respondieron a los informes de problemas detectados por las mujeres y acreditaron a las  150 monitoras voluntarias con credenciales oficiales y visibles. Posteriormente, se incorporó a la alianza la Oficina Regional del Sistema de Seguro Público de Salud. Programas de radio bilingües informaron a las usuarias de sus derechos. Con el tiempo, una mejor comunicación con el personal médico local redujo parte de su resistencia a la retroalimentación brindada por las mujeres líderes. Los hallazgos del monitoreo se discutieron con los funcionarios de salud en audiencias públicas locales y consejos de salud regionales de múltiples partes interesadas, aunque con débil seguimiento de los acuerdos conjuntos. Los problemas a abordar fueron, entre otros, el servicio inadecuado a su cultura y derechos, la discriminación étnica/de género y las tarifas e ilegales requisitos administrativos que eran impuestos a las mujeres rurales.

Este proyecto piloto sirvió de base para acciones de advocacy e incidencia política en el nivel nacional, lo que condujo en 2011 a nuevas reglamentaciones del Ministerio de Salud que reconocía a los comités y lineamientos de política de vigilancia ciudadana de los servicios de salud, pero un cambio de gobierno bloqueó su seguimiento y extensión. Para el 2014, el debate polarizado sobre las nuevas políticas nacionales de salud desplazó el apoyo a esta iniciativa conjunta de promoción de rendición de cuentas, pero las monitoras de las comunidades indígenas dieron continuidad a esta labor.

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